QUIEN SOY Y QUÉ ME HA SUCEDIDO

14 11 2008

Me llamó Óscar y soy licenciado en Ciencias de la Información, aunque ya llevo varios años desempeñando labores profesionales en el sector de la Intervención Social. He trabajado dos años (septiembre 2006-08) como animador sociocultural en la Casa de Juventud de San Gregorio, barrio rural de la ciudad de Zaragoza. Este recurso social para jóvenes pertenece al Área de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque en este período lo ha dirigido Kairós Sociedad Cooperativa Iniciativa Social, entidad que consiguió la externalización de dicho servicio. Tras dos años de trabajo sin problema alguno, tanto con mi empresa como con mis usuarios, Kairós decidió echarme a la calle reconociendo un despido improcedente. Hasta aquí nada nuevo en el flexible mundo empresarial, el problema es que durante un mes entero Kairós ha estado calumniando mi labor profesional con menores de edad, entrando en temas tan delicados como la persimividad en el consumo de drogas y la educación sexual. Esa ha sido la pésima táctica que han utilizado para forzarme a marcharme y no cobrar la mísera indemnización que tocaba por ley. El problema es que cuando se han puesto a repartir mierda con el ventilador no han pensado en que estaban acusando a jóvenes de consumir drogas en edificios públicos y a trabajadores de la Junta Vecinal de San Gregorio, con los que compartía espacio físico, de permitir también este consumo. ¿Y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza? Pues a verlas venir, porque como ellos han externalizado el servicio no puede inmiscuirse en problemas laborales, da igual que la empresa denuncie la persimividad en el consumo de drogas y otras barbaridades que no sólo ensucian mi curriculum, sino también el comportamiento de unos usuarios a los que nadie ha defendido. Pero, ¿y por qué me echaron? Pues me han despedido por reivindicar, tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como a Kairós, la aplicación del Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, vigente desde junio de 2007 y que se incumple por la mayoría de las empresas zaragozanas que prestan servicios sociales.


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